Política de Protección Infantil
Nombre identidad: European Institute for Modern Board Games S.L.
CIF: B56177033
Dirección: C/ Arado, 10, 47014. Valladolid
Correo electrónico: info@ludusmagnus.es
1. Introducción
La presente Política de Protección Infantil (PPI) establece el compromiso firme de European Institute for Modern Board Games S.L. con la protección de la infancia. Reconocemos nuestra responsabilidad ética, legal y profesional de asegurar que todas nuestras actividades, personal, colaboradores y operaciones no causen daño a niños, niñas y adolescentes, y que respondan de forma adecuada ante cualquier preocupación o incidente relacionado con su bienestar. Esta política se aplica a todo el personal, voluntariado, socios, proveedores, visitantes y demás personas vinculadas a nuestras actividades, sin excepción.2. Declaración de compromiso
European Institute for Modern Board Games S.L. se compromete a:- Promover y garantizar la protección y el bienestar de todos los niños y niñas con los que entramos en contacto directa o indirectamente.
- Establecer procedimientos claros para prevenir, detectar y responder ante cualquier forma de abuso, negligencia o explotación infantil.
- Fomentar una cultura organizacional segura para la infancia, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua.
3. Definiciones
Adoptamos las definiciones de abuso y daño infantil de los estándares internacionales, incluyendo:- Abuso físico: daño físico intencionado.
- Abuso sexual: cualquier actividad sexual impuesta a un menor.
- Explotación sexual comercial: uso del menor en actividades sexuales a cambio de bienes, servicios o beneficios.
- Negligencia: falla persistente en satisfacer las necesidades básicas del niño o niña.
- Abuso emocional: actos que dañan el desarrollo emocional del menor.
- Explotación comercial: uso del trabajo infantil en perjuicio de su bienestar.
4. Ámbitos de aplicación
Esta política se aplica a todos los contextos en los que European Institute for Modern Board Games S.L. desarrolla actividades que puedan tener impacto sobre la infancia, incluyendo:- Actividades presenciales y en línea.
- Procesos de comunicación y difusión de imágenes o historias.
- Programas educativos, formativos o comunitarios.
5. Medidas de prevención
Para minimizar los riesgos hacia la infancia, adoptamos las siguientes medidas:- Evaluación de riesgos en todas las actividades y programas.
- Código de conducta obligatorio para todo el personal y asociados.
- Política de reclutamiento seguro, que incluye la solicitud de antecedentes penales, referencias y entrevistas con enfoque en protección infantil.
- Formación continua en protección infantil para todo el personal.
- Diseño seguro de proyectos y actividades, con espacios diferenciados, controlados y supervisados.
6. Protocolo de actuación ante sospechas o denuncias
Se establecen los siguientes pasos en caso de recibir una denuncia o sospecha de abuso:- Recepción de la información sin juicio, respetando la confidencialidad.
- Registro detallado del incidente.
- Notificación inmediata al punto focal de protección infantil de la organización.
- Evaluación de riesgos y toma de medidas urgentes para proteger al menor.
- Remisión a las autoridades competentes si se requiere.
- Apoyo psicológico y legal al menor y a la familia, cuando sea posible.
7. Responsabilidades
El equipo directivo es responsable de garantizar la implementación, seguimiento y revisión de esta política.
Todo el personal y colaboradores tienen la obligación de actuar conforme a esta política y reportar cualquier sospecha.
Un/a responsable de protección infantil será designado como punto focal para coordinar las actuaciones y formación.
8. Comunicación responsable
No se utilizarán imágenes de niños/as en estados vulnerables ni sin consentimiento previo por escrito del tutor legal.
Se evitará la publicación de información personal que permita identificar al menor o su localización exacta.
Se aplicarán normas claras sobre el uso de redes sociales, fotografía y grabación de menores.
9. Revisión y actualización
Esta política será revisada al menos cada tres años, o con mayor frecuencia si se producen cambios relevantes en el contexto legal, institucional o programático.